La Audiencia Nacional condena a Interior por no proteger a una mujer que fue asesinada por su marido
La reciente sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional constituye un hito relevante en la lucha contra la violencia de género, al reconocer de forma explícita la responsabilidad del Estado, a través del Ministerio del Interior, por la inadecuada protección que prestó la Guardia Civil a una víctima que fue posteriormente asesinada por su pareja.
Este fallo no solo repara moralmente a la familia de la mujer, sino que sienta un precedente importante en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, abriendo la puerta a una revisión crítica del sistema de valoración policial del riesgo.
🔍 El caso: una protección mínima que resultó trágicamente insuficiente
Los hechos se remontan a septiembre de 2016, cuando una mujer acudió al puesto de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) solicitando una orden de protección tras denunciar a su marido por malos tratos. A pesar de la gravedad del testimonio, el riesgo fue valorado como “no apreciado” por los agentes, y la orden fue denegada por el juzgado basándose en la aparente falta de antecedentes y versiones contradictorias.
Un mes después, la denunciante fue asesinada por el mismo hombre contra el que había pedido protección.
🧾 ¿Qué dice la sentencia?
La Sala considera que la actuación de los cuerpos de seguridad no puede limitarse a un cumplimiento formal de protocolos, y que el caso exigía una actuación mucho más rigurosa y proactiva, tanto en la valoración del riesgo como en el seguimiento posterior.
El tribunal afirma, con contundencia, que el Estado tiene una obligación directa de proteger a las mujeres en riesgo, y que cuando esa protección falla, debe asumir la responsabilidad por los daños ocasionados. En este caso, se trata del daño moral sufrido por los padres e hijos de la víctima.
🧑⚖️ Responsabilidad patrimonial del Estado: un principio clave
Esta resolución se apoya en el artículo 106.2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a ser indemnizado por los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos, incluso cuando ese funcionamiento haya sido, formalmente, correcto.
En otras palabras, aunque los protocolos se hayan seguido de manera formal, si el resultado es inaceptable y previsible, como lo es el asesinato de una mujer que ha denunciado violencia y ha pedido protección, el sistema ha fallado y debe responder por ello.
📢 Un llamado a la concienciación institucional
La sentencia contiene un mensaje claro y necesario: la violencia de género no se combate únicamente con normas, sino con una actitud activa y sensibilizada por parte de todos los actores del sistema. Esto incluye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, juzgados, servicios sociales y administraciones públicas.
La Audiencia Nacional destaca que la concienciación social e institucional sobre la violencia de género exige mucho más de lo que se aplicó en este caso, especialmente en la valoración de riesgo y en la implicación de agentes especializados.
💔 Indemnización a los familiares
Como consecuencia del fallo, la Sala ha concedido una indemnización de 20.000 euros a cada uno de los padres de la víctima y 70.000 euros a cada uno de sus dos hijos menores, por el daño moral sufrido.
Se ha tenido en cuenta una posible concurrencia de culpas (por parte del agresor y del juzgado que denegó la protección), pero la responsabilidad del Estado ha sido reconocida sin ambigüedades.
Conclusión: reforzar la protección real y no solo formal
Como profesionales del Derecho, defendemos firmemente que toda denuncia por violencia de género debe ser valorada con perspectiva de protección preventiva, no solo desde un enfoque técnico o estadístico. El sistema debe erradicar cualquier tratamiento burocrático de estos casos y centrarse en el objetivo real: proteger vidas humanas.
Esta sentencia marca un punto de inflexión y debe servir como llamada de atención a las instituciones para revisar sus procedimientos, formar a sus agentes y actuar siempre con la máxima diligencia cuando una mujer pide ayuda.
📌 Referencia de la noticia:
Fuente: Comunicación del Consejo General del Poder Judicial — “La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior por inadecuada protección de la Guardia Civil a una denunciante de violencia de género que fue asesinada”. Ir a la noticia.